Decenas de Pymes cierran o dejan de vender soportes vírgenes por la presión de las entidades de gestión.
29-01-2008 - La familia de Ana María Méndez regenta una pequeña tienda de informática en Barcelona, Traxtore, y tiene las cuentas embargadas por un juez. ¿El motivo? La confusión generalizada sobre el canon, las malas prácticas de algunos grandes mayoristas y la presión de la SGAE sobre los pequeños negocios, el eslabón más débil, contra el que han presentado demandas por varios millones de euros.
Ahora Traxtore ya no vende ningún soporte susceptible de contener música o vídeo, y mientras su marido arregla ordenadores y su madre, conocida cariñosamente como “la abuela de la informática”, atiende a los clientes, Ana María participa en la plataforma Todos Contra el Canon en representación de la Asociación Española de Pymes de Informática y Nuevas Tecnologías (Apimet). Ayer, la plataforma se reunió con Mariano Rajoy y obtuvo su apoyo para terminar con el canon. El jueves van a Moncloa.
“Ana María es muy cuidadosa y por eso mismo está muy enfadada”, explicó a LA GACETA el abogado de la asociación, Josep Jover. Y es que el principal problema de Traxtore y las otras casi 40 tiendas que integran Apemit fue, precisamente, que intentaron ir por lo legal. Jover destacó que, entre 2003 y 2007, han cerrado el 40% de los pequeños establecimientos de informática.
La odisea de estas pymes comenzó con la primera sentencia contra un gran distribuidor, Traxdata, que le obligaba a pagar a la SGAE el canon por todos los CD vendidos entre 1997 y 2000. Esto obligó a fabricantes y distribuidores, agrupados en Asimelec, a firmar un acuerdo con las entidades de gestión para fijar unos importes y la no retroactividad.
Y ahí empezó a complicarse la cosa. Muchos distribuidores ofrecieron a las tiendas restos de stock asegurándoles que estaban exentos del pago. En ese periodo se vendieron millones de CD y DVD.
A partir de entonces se crea una situación en que muchos distribuidores, como Optical Media Store, siguieron vendiendo dichos productos a sus clientes asegurando que no estaban sujetos al pago. En lugar de ir a por esta empresa y otras similares, la SGAE y sus socios se hicieron con sus listas de clientes y enviaron a sus auditores a analizar sus libros. A continuación, les enviaron cartas en las que les reclamaban cifras que oscilaban entre las decenas y los cientos de miles de euros.
Sin embargo, el mecanismo de reclamación era bastante peculiar. “Me ofrecieron verbalmente una rebaja, de unos 60.000 a unos 44.000 euros, y después bajaron aún más, ofreciéndome incluso pagar en cómodos plazos”, explica Ana María. De ahí a los juzgados de lo mercantil y a perder el juicio. Hasta ahora, de las tiendas que integran Apemit ninguna ha cerrado totalmente sus vías de recurso, a pesar de los embargos. Pero no son las únicas. “Mucha gente viene a la asociación con la demanda bajo el brazo y nos preguntan qué hacer”, subraya. Algunas de las que pagaron optaron por cerrar. Y siguen pagando sus plazos.
Mientras, las soluciones han pasado por seguir los pasos de Traxtore y dejar de vender soportes o sacar las sociedades de España para evitar ser auditados. Porque es inútil intentar vender soportes con canon por lo legal mientras proliferan todo tipo de modelos oscuros, como las páginas web que envían a través de mensajeros cientos de “bobinas” de DVD.
“La estrategia de las entidades de gestión era terminar con la piratería hundiendo el canal, pero sólo han logrado terminar con el canal legal”, se lamenta Jover.
Mariano Rajoy recibió el lunes a la plataforma Todos contra el canon. EFE
M.A.Uriondo
La Gaceta.copio y pego
