Estudis Jurídics__


EL CANON DIGITAL, PARA NOSOTROS, HA MUERTO


Ayer, en el segundo consejo de minIstros de la actual legislatura, el Gobierno anunció que se procedía a la supresión del canon digital.

Las posiblidades para tal supresión por parte del gobierno, de acuerdo al principio de jerarquía normativa, obligaban a que se hiciese mediante una norma con rango de ley, puesto que tocar esta materia supone alterar la Ley de Propiedad Intelectual.

El gobierno puede dictar normas, que luego puedan ser convalidadas como leyes por ratificación en el Parlamento, mediante la aprobación de Reales Decretos Ley, aunque este mecanismo está reservado para la cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución.

El gobierno así lo ha considerado, ya que ha incluído esta reforma en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Veremos si se impugna por esta cuestión o no.

En concreto establece una Disposición Adicional Décima con el siguiente contenido.

Décima. Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada.

1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley.

2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

3. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.

Estamos ante una derogación normativa completa, que deja sin contenido todo el artículo 25 de la LPI, que trata exclusivamente de la determinación y asignación del canon, teniendo en cuenta que además se estipula que el Gobierno determinará cuales serán las reglas de reparto, ya que el dinero se abonará directamente de los presupuetos generales del estado.

Hay que tener en cuenta que los tribunales, y en concreto el TJUE, en el caso de la tienda TRAXTORE han señalado que el procedimiento previsto en España iba contra la normativa europea en la medida en que era indiscriminado, por lo que difícil encaje veremos ahora para jusitficar este hecho de ser corresponsables de ese pago a todos los ciudadanos, usen o no obras, compren o no equipos y soportes que admitan la reproducción de las mismas.

Este Real Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir de mañana 1 DE ENERO DE 2012

ES DECIR QUE :

A PARTIR DE MAÑANA YA NO SE PUEDE NI COMPRAR NI VENDER NADA CON EL LLAMADO CANON DIGITAL

Hemos vencido¡

Adiós, @carlosues, luchador incansable

La noticia nos ha pillado desprevenidos: ha fallecido Carlos Usua, conocido en la red como carlosues. Twitter está recordando la figura de este incansable luchador por los derechos de las personas, y muy especialmente de los ciudadanos de internet, y nosotros aquí en Nación Red nos sumamos al reconomiento popular de su figura.

De hecho, por lo que cuenta Javier Cuchí en su blog carlosues murió el pasado 3 de diciembre a consecuencia de una embolia causada por la medicación que tomaba contra un cáncer que padecía, pero la noticia de su pérdida no ha trascendido hasta ahora.

Pérdida, sí. Es una pérdida para internet y para la sociedad en general. Carlos Usua comenzó su lucha por los derechos de las personas a finales de los años 60, participó de forma activa en la lucha por la democracia, y años después, ya con internet a su disposición, seguía luchando por la esencia de la libertad. Participó en las protestas contra el canon digital, en el movimiento 15-M y en la pugna contra la ley Sinde, por poner algunos ejemplos más que recientes, actuales. Estuvo activo hasta que su cuerpo se lo permitió. Ahora, descansa por primera vez a los 61 años.

A todos nosotros, nos queda su legado en Fílmica.

Descanse en paz.

Teddy comprometió 442 millones de los autores para su sueño inmobiliario África Semprún/Javier Romera

Las múltiples irregularidades, desvíos de presupuestos, contratos a dedo y precios fuera de mercado que ha encontrado la Comisión de investigación presidida por Ramón López Vilas señala directamente a Arteria como una pieza importante de la red de corrupción que rodeaba a la SGAE de Teddy Bautista.

El "megalómano y personalista" proyecto que puso en marcha el expresidente de la gestora no sólo comprometió 442 millones de euros de los autores (un 48 por ciento por encima del presupuesto de 300 millones anunciado inicialmente,) sino que ha supuesto otra "vía de escape a los fondos" de la entidad, tal y como recoge la auditoría presentada la semana pasada.
Su obra estrella

Las cifras del holding inmobiliario que maneja el magistrado excedente del Supremo López Vilas muestran que la SGAE infló hasta el 10 millones el presupuesto de su obra estrella, el auditorio de la Cartuja (Sevilla). El faraónico proyecto estaba presupuestado en 68 millones de euros y, según la auditoría, "la inversión probablemente alcance los 78 millones de euros". La mayor parte del desvío económico "injustificado bajo criterios profesionales" proviene de la partida equipamiento escénico. Al frente de la gestión económica de las obras estaban los responsable técnicos y económicos de Arteria: Ángel Quintanilla, amigo de Bautista de su época de músico, y Emilio Cabrera García, primo del expresidente.

Tanto Quintanilla como Cabrera, que fueron destituidos de sus cargos al poco de saltar el escándalo de la SGAE, fueron contratados directamente por Bautista para sustituir a la gestora Gerens Hill en 2010, aunque el inicio de sus relaciones laborales se remonta varios años atrás. El pasado 23 de julio de 2006, tras la celebración del consejo de administración de Iberautor, Bautista aprobó la contratación de Emereima, una empresa de asesoramiento económico creada por su primo tres días después del consejo, para supervisar el trabajo de Gerens y encargarse del equipamiento escénico de los teatros, justo la partida que el auditor señala como el origen de los desvíos y que ya fue denunciada en su día por el exarquitecto de la SGAE, Santiago Fajardo.

Además de los incrementos presupuestarios destinados a atender requerimientos sin justificación técnica o cambios de opinión de Bautista, la comisión investigación alerta de las irregularidades que se cometieron en algunas contrataciones. Según López Vilas, durante la investigación se han detectado que algunas de las contrataciones en el ámbito de las obras se han realizado sin "contradicción previa de precios", es decir, que no se ha convocado ningún concurso ni se han solicitado presupuesto a diferentes empresas.
Una red teatral 'no viable'

Pero, lo que más preocupa entre los socios de la SGAE es el daño que ha causado a las arcas de la entidad las "megalómanas" inversiones de Teddy Bautista que le llevaron a poner parte de los derechos de los autores como garantías a los préstamos bancarios. "Arteria se ha llevado a cabo en un marco de actuación personalista, careciendo de una base de reflexión económica. Las comprar no estaban soportadas en una estrategia previa con un plan de negocio que justificara económicamente la inversión", asegura el presidente de la Comisión en su informe.

Por ejemplo, según un informe bancario el valor del auditorio de Sevilla en razón a la comercialización futura apenas supera los 23 millones de euros, 2,8 veces menos que inversión ejecutada hasta la fecha. En México la historia se repite. La sociedad gestora destinó 2,5 millones de euros en la adquisición de uno de los inmuebles cuya valoración para la venta apenas supera los 700.000 euros. El Teatro Cervantes, que tiene una inversión prevista de 25 millones, no tiene ningún plan de viabilidad asociado. Así, el único teatro con el que se espera recuperar la inversión es el teatro Metropólitan de Buenos Aires.

Como el proyecto Arteria supone un chorreo de dinero para la gestora, la auditoría recomienda su venta, una idea a la que se ha sumado con mucho entusiasmo el candidato Antón Reixa que la semana pasada en una entrevista aseguró que "hay que deshacerse de la red de teatros de Arteria, no es rentable". Una idea que respaldaba hasta hace apenas un año.

Por su parte, el otro candidato en las elecciones de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, que se enfrentó a Teddy Bautista en las elecciones de finales de junio, denunció en una entrevista con este diario a principios de junio que Bautista estaba comprando teatros más caros de lo que pagaría cualquier empresario y que lo principal era "parar todos los proyectos que hay en marcha y arreglar el problema".eLEconomista.es copio y pego

Teddy comprometió 442 millones de los autores para su sueño inmobiliario África Semprún/Javier Romera

PRIMERA VICTORIA JUDICIAL SOBRE EL VÍNCULO ENTRE LA POLITÉCNICA Y LA SGAE

No se atentó contra el honor al denunciar el uso de la universidad para el canon

ANA FLORES Madrid 18/11/2011 06:56 Actualizado: 18/11/2011 06:56

Hubo un tiempo en que quienes se enfrentaban en los juzgados a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el canon digital tenían posibilidades cercanas a cero de ganar la causa. La gestora acudía a los procesos armada con informes periciales con membrete de instituciones públicas como la Universidad Politécnica de Madrid. Ante aquel respaldo oficial a las tesis de la gestora, los jueces interpretaban la ley a su favor e iban creando jurisprudencia, lo que complicaba cada vez más la victoria. Desde diversas instancias se denunció la existencia de una relación ilícita entre la SGAE y personas de la Politécnica que daba como resultado, entre otras cosas, los citados peritajes.

¿Qué hizo la universidad? ¿Investigó lo que ocurría? No. Denunció a los denunciantes por considerar que atentaban contra su honor, el del rector y varios catedráticos. Lo consideraba "una perturbación ilegítima en el derecho al honor y a la dignidad" de la institución y sus integrantes y no sólo pidió que se "condenase a los demandados a cesar" en dicha perturbación, sino que pidió que se "publicara a su costa la sentencia" así como que abonasen "300.000 euros en concepto de daños y perjuicios". La jueza María Sánchez Rivero, del Juzgado número 41 de Madrid, ha desestimado la petición de la Politécnica obligándola a pagar las costas del juicio por considerar que los denunciantes hicieron uso del derecho a la libertad de expresión dentro de los límites legales, según la sentencia a la que ha tenido acceso Público y contra la que cabe recurso.

Hoy la regulación española sobre el canon está declarada ilegal por la justicia europea y se conocen muchos detalles de los nexos de unión entre la Politécnica y la SGAE.
La conexión Microgénesis

Una de ellas es Rafael Ramos, que saltaba este verano a los periódicos al ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como uno de los hombres clave en la presunta trama de desvío de fondos desde la SGAE a empresas controladas por sus directivos. Ramos, además de haber sido directivo de filiales de la SGAE, era director general de Microgénesis, epicentro del entramado de empresas parásitas que vivían de la gestora. No era lo único de lo que vivía.

Ramos es profesor de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde allí se habrían encargado los peritajes con membrete de la universidad que se convirtieron en clave de no pocos juicios por el canon digital. Además, se obtuvieron subvenciones con cargo a fondos europeos en proyectos en los que participaban unidas la SGAE y la Politécnica, como los 2,3 millones de euros del proyecto CREA Net, en el que también participa Microgénesis; así como el Proyecto Perseo, en el que también está Microgénesis y que tiene un presupuesto de 3,9 millones.

Este presunto cruce de intereses que implica a una entidad pública fue denunciado por Miguel Gallardo ante el Ministerio de Administraciones Públicas y el Tribunal de Defensa de la Competencia, ante la propia universidad, así como ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su denuncia apuntaba a los catedráticos Rafael Aracil Santonja y Ramón Álvarez Rodríguez, personados junto a la Politécnica en la denuncia. También presentó querella, aunque sin citar nombre de catedrático alguno, Apemit, representada por Josep Jover, el abogado que tumbó la regulación española del canon en la UE y uno de los que presentó la denuncia contra la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción. Ambos, además de la asociación Cita, fueron denunciados por la Politécnica.Público.es copio y pego

La SGAE pierde un juicio contra un pub de Montijo

Montijo
Primera sentencia en contra de la SGAE que sienta un precedente importante

Ante el Juzgado de lo Mercantil n.1 de Badajoz se celebró Juicio verbal interpuesto por la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE contra la entidad “MRP 208, S.C.” asistido por el Letrado Bartolomé Quero de Sevilla.



La demandante, SGAE, tras alegar los hechos y fundamento oportunos reclamaba al demandado, Pub Manhattan de Montijo, la suma de 3.560,69 €, más intereses legales y costas.



La SGAE fundamentaba su demanda en que el Pub y mediante equipamiento instalado al efecto, se viene haciendo uso del repertorio de obras gestionadas por la SGAE, lo cual constituye un acto de comunicación publica que realiza en su establecimiento, sin haber obtenido para ello la previa y preceptiva autorización. Este comportamiento se viene produciendo desde al menos, el mes de noviembre de 2008 por lo que reclama la suma de 3.560,69 € y que han resultado infructuosas las gestiones extrajudiciales intentadas.



En el acto de la vista, el demandado se opuso a las peticiones alegando que en dicho establecimiento no se escucha música del repertorio de la SGAE, sino que se escucha música libre.

De las pruebas practicadas no se considera suficientemente probado que se estén reproduciendo obras gestionadas por la SGAE, sin autorización de ésta.



Así, las actas de inspección no acreditan que en dicho establecimiento se reproduzcan dichas obras ni se ha practicado ninguna otra prueba de suficiente entidad para desvirtuar las alegaciones formuladas por el demandado quien afirma que en dicho local, únicamente se reproduce música libre.



La juez falla “absolviendo al demandado de los pedimentos obrados en su contra y con imposición de costas a la parte actora”.



En declaraciones a esRadio Extremadura el letrado, sr. Quero, ha manifestado que "es una primera sentencia en contra de la SGAE que sienta un precedente importante por cuanto no considera como prueba las actas que levantan sus representantes cuando acuden a los locales a inspeccionar"



Mario López, exDelegado de Hostelería de Ademyc informó a esRadio que “lo mejor de esta sentencia es que sienta un precedente muy importante, tirando por tierra la presunción legal de la que disfrutaba la SGAE. El ciudadano vuelve a ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario, lo que le da una vuelta de 180º a la tortilla”.
Por su parte, Miguel Ángel González, vicepresidente de Ademyc, señaló que “nos sentimos muy satisfechos con esta sentencia y con esta lucha contra la SGAE, que comenzó desde la delegación de hostelería de nuestra asociación”.CronicasdeunPueblo.com.copio y pego

Los correos de la SGAE desvelan que Teddy apoyó la corrupción desde 2002 Javier Romera / África Semprún | 7:22 - 2/11/2011

No sólo lo sabía todo, sino que además lo autorizó. Aunque el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado de nuevo el secreto de sumario, han aparecido nuevas pruebas que implican directamente al expresidente de la SGAE, Teddy Bautista, en la red de corrupción creada en los últimos años para desviar a sociedades particulares el dinero de los autores. Se trata de los correos electrónicos internos entre Bautista y los distintos directivos de la sociedad, a los que ha tenido acceso de forma exclusiva elEconomista y que, según las fuentes consultadas, todavía no figuran en el sumario.

Todo comenzó en el año 2002. Aunque la red empresarial desde la que se desvió presuntamente el dinero nació algo antes, fue entonces cuando el director jurídico de la SGAE, Pablo Hernández, empezó a avisar a Bautista de las irregularidades que, en su opinión, estaba cometiendo José Luis Rodríguez Neri, mano derecha del entonces presidente y al que el juez considera el cabecilla de la trama.
Denuncias desde 2002

Bautista ignoró sus recomendaciones, por lo que Hernández, ante el temor de lo que pudiera ocurrir, lo dejó todo por escrito, mediante un correo electrónico remitido el 9 de enero de 2003 a Enrique Loras, el antiguo director general de la SGAE.

En este mail le detalla los términos de una reunión mantenida una semana antes en el despacho de Teddy, a la que asistieron tanto Rodríguez Neri como Rafael Ramos, profesor de la Universidad Politénica y otro de los principales imputados en la trama, para discutir una ampliación de capital en una de las empresas de la red: Portal Latino. El director jurídico mostraba en el correo su "preocupación por la situación de subcontratación de SDAE a Microgénesis, siendo el responsable de ambos la misma persona (Neri)" y remite un documento, enviado por el propio presunto cabecilla de la trama en el que él mismo se declaraba propietario de Microgénesis. "Este documento contradice la afirmación de Neri de no haber sido ni ser nunca titular de la empresa y ser sólo un exempleado. En todo caso, como mis críticas únicamente eran respaldadas por ti, no creo que este hecho alterara la situación", decía Hernández.
Hernández, preocupado por la opacidad

Algunos años después, en enero de 2006, el director jurídico volvía a insistir en su denuncia, en otro mail remitido también a Loras, pero en este caso con copia tanto a Neri como Teddy. Hernández se muestra alarmado por la forma en la que se están gestionando los contratos y la supuesta prestación de servicios por parte de la filial digital (SDAE) a SGAE sin que ésta los hubiera solicitado ni exista constancia de su realización.

"En tu esquema de trabajo no figuran las condiciones para efectuar los pagos a realizar por la SGAE. Mi preocupación radicaba en relación con tener documentado y de conformidad con las pautas normales de contratación las prestaciones entre dos empresas del grupo, así como la propiedad y el registro".

Pero no sólo es eso. Hernández se muestra también preocupado por la opacidad existente, poniéndolo en conocimiento de Teddy Bautista. "En tu esquema tampoco figuran las condiciones por las que yo, como consignatario de los pagos de SDAE para con sus proveedores, debo realizar la firma. Ahora sólo firmo en base a que Neri firmó antes y a que hay una serie de documentos que, se supone, soportan la prestación del servicio, sin tener capacidad de comprobación de ello".

Pero, por si había alguna duda de la implicación de Teddy Bautista en las irregularidades que investiga el juez Ruz, la prueba concluyente es un correo que él remitió el 3 de abril de 2006 a Gerardo Rodríguez, antiguo director financiero de la Fundación Autor (la matriz de Arteria); con copia a Hernández y a Francisco Galindo, el secretario general.
Fondos pignorados

"No logro salir del estado catatónico que me produjo la lectura del informe. Veo que vamos a tener que olvidarnos de la sede de Nueva York, Rio de Janeiro, Shanghay y Boadilla (...) Es la primera vez que oigo algo sobre pignoración de fondos de la SGAE y me parece una imprudencia letal dejar esto por escrito (...). Tu actitud es inexplicable en un cargo de confianza (...) y no veo las ayudas públicas que se reciben de las instituciones", reza el e-mail.

El informe al que el entonces presidente de la SGAE y principal responsable de Arteria hace referencia es un estudio financiero que Rodríguez realizó sobre la viabilidad económica del faraónico proyecto que contemplaba la construcción de una red de 13 teatros con un presupuesto inicial de hasta 284,22 millones. El informe, realizado en 2006, alerta de su inviabilidad económica y de su alto riesgo por el elevado endeudamiento que exige. "Con un grado de apalancamiento del 75% sobre los fondos culturales" sería necesario "pignorar el 110% de los 166,9 millones en préstamos, lo que supone el 86% de los fondos de inversión de la SGAE". Unos fondos que, según el estudio, ya están pignorados al 11% (unos 26 millones) por Hacienda.

El expresidente de la sociedad se mostró contrariado por "los problemas" que se plantean e instó al ex director a buscar financiación adicional en las administraciones.elEconomista.es. copio y pego